LA
VIOLENCIA DE GÉNERO: Inquisición del siglo XXI
Esta noticia, que parece más propia de El Mundo Today que de un
medio de información serio, no deja de ser una anécdota. Sin embargo,
resulta inquietante que alguien pueda ser condenado por tirarse, en lenguaje castizo, un
pedo, aun cuando sea con premeditación y alevosía. Pero no toda la culpa era
del juez. La “ley de violencia de género” promulgada en 2004 en España,
tipifica como delito cualquier insulto o menosprecio en una discusión de pareja …
siempre que lo lleve a cabo un hombre. No así si quien lo hace es una mujer. Unos
cuantos varones acabaron en el calabozo por “mandar a la mierda” a su
esposa durante una discusión; si sucedía al revés, pelillos a la mar.
La norma no sólo violaba la presunción de inocencia, también la
igualdad ante la ley, un principio que nadie cuestionaba desde la
Ilustración … hasta hoy. Una conducta nunca puede ser delito, o no
serlo, dependiendo del grupo al que pertenece el individuo que lo
comete. Es lo que se denomina delito de autor, una aberración
jurídica que se creía extinguida desde la caída de los regímenes
totalitarios del pasado siglo. Sin embargo, no contentos con esta
regresión, los impulsores de la norma idearon también una
jurisdicción especial, a imagen y semejanza del Tribunal de Orden
Público franquista.
Para justificar el colosal disparate, se lanzó el mensaje de que la
violencia contra las mujeres era un problema extraordinariamente grave y extendido.
Así pues, el fin justificaba cualquier medio. Pero ¿qué había de
cierto en la alarma? ¿Es nuestro país especialmente violento contra
las mujeres? No es así, ni mucho menos. Los datos indican que España
tiene unas cifras muy inferiores a las de los países de nuestro
entorno.
EL
MITO DEL ATRASO CULTURAL
Según el último estudio disponible de la FRA (Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 2014), que pregunta a las
mujeres si han sufrido violencia física o sexual, los países
miembros que encabezan la lista por número de casos son Dinamarca
(52%), Finlandia (47%), Suecia (46%) y Francia y Reino Unido, con un
44%. Porcentualmente, España tiene uno de los más bajos: el 22%.
Algunos han intentado cuestionar estos resultados argumentando que es
peligroso hacer comparaciones entre países, porque “ni las
legislaciones ni las formas de contabilización son homologables”.
Sin embargo, los datos del estudio FRA no se obtienen recopilando cifras oficiales, cuyo criterio puede variar de
un país a otro, sino mediante entrevistas personales con preguntas muy tasadas que no
admiten confusión. Para las mujeres danesas o españolas del siglo XXI, que
un hombre les toque sin su consentimiento, amenace, golpee o viole no tiene
interpretaciones distintas. Unas y otras responden con similar grado
de desinhibición habida cuenta, además, que los resultados son
anónimos. Lo cierto, mal que les pese a algunos, es que España no
es un país especialmente peligroso para las mujeres si se compara
con la media europea. Y menos aún en relación al resto del mundo.
Si el problema es menos grave que en otros países ¿por qué los
medios insisten en alarmar a los españoles? Y lo más importante: ¿por qué casi
nadie se atreve a criticar una ley que viola los principios fundamentales del derecho
basándose en un alarmismo falaz? ¿A qué se debe el silencio ante
una legislación con tintes totalitarios? La explicación es simple:
la ley de violencia de género no sirve a las víctimas, sino a políticos y grupos de interés. Y no se puede
refutar porque la “violencia de género” se ha convertido en un tabú, en una
moderna caza de brujas.
LA CAZA DE BRUJAS DEL SIGLO XXI
En Salem, Nueva Inglaterra, durante el mes de febrero de 1692, seis
niñas comenzaron a experimentar misteriosos síntomas. Tras probar
todo tipo de remedios sin obtener resultado, las fuerzas vivas
determinaron que las dolencias sólo podían estar causadas por
brujería. Presionaron a las pequeñas para que delataran a supuestos
culpables. Y tras encendidos sermones del reverendo advirtiendo de la
presencia del diablo en la comunidad, la histeria, la sospecha y el
miedo se adueñaron de todos sus miembros. Tal fue la psicosis que la
más mínima desviación de las normas puritanas acarreaba una
acusación por hechicería. En el transcurso de ese año 144
personas, en su mayoría mujeres de clase baja, fueron Encarceladas
por brujería. Y 19 subieron al patíbulo para morir ahorcadas. Este
pasaje histórico es conocido como los juicios por brujería de
Salem.
Para explicar estos fenómenos de histeria colectiva, el sociólogo
Stanley Cohen acuñó en 1972 un término: Pánico Moral. En su libro Folks Devils
and Moral Panics, Cohen explica la dinámica: las fuerzas vivas
señalan un comportamiento, o un grupo, como encarnación de la
maldad, provocando preocupación y miedo, sentimientos que son
exacerbados hasta desembocar en hostilidad hacia determinadas
actitudes o colectivos. De esta forma, se instiga a la masa a
lanzarse ciegamente contra el supuesto mal, anulando el debate
racional, obstaculizando la búsqueda de soluciones correctas y
desviando la atención de la imprescindible crítica al poder.
La violencia de género es el pánico moral de la España del siglo
XXI, un fenómeno de histeria colectiva desencadenado y alimentado desde el poder. La
“posesión diabólica” ha sido sustituida por el “machismo
imperante” y el nuevo vocablo, “violencia de género”, posee
una carga emocional similar a la que tuvo la palabra “brujería”
siglos atrás. Quienes ponen en cuestión la doctrina oficial son
tachados de herejes y quemados en la vía pública.
Igual que en Salem, se justifica la persecución de las brujas para
proteger a víctimas indefensas y librar del mal a la comunidad. Sin
embargo, todo responde a intereses de grupos: además de obedecer a
oscuros fines ideológicos, la violencia de género se ha convertido
en una lucrativa industria que recibe más de 22 millones de euros
cada año de los presupuestos generales y otros 1.000 euros de
subvención de la Unión Europea por cada víctima.
Hoy, los mass media, que también reciben su suculenta parte del
pastel en forma de campañas de publicidad institucional, han sustituido al vehemente
pastor calvinista. No sólo informan de cada asesinato, con
abundancia de detalles morbosos; van numerándolos de forma
consecutiva, como si los delitos fueran cometidos por un maléfico
conciliábulo. En realidad se trata de episodios inconexos, muy
probablemente diferentes entre sí, cuya responsabilidad debería ser
determinada caso a caso por los jueces, no en una causa general
contra el maligno.
En consonancia con el carácter discriminatorio de la ley, pocos
juzgados abren diligencias por falsa denuncia; mucho menos condenan. Por ello, las
estadísticas judiciales no las recogen, un hecho que se utiliza como argumento
para señalar que las denuncias falsas apenas existen. Pero se trata de una burda
artimaña que intenta confundir la verdad judicial con la verdad real. No hace
falta ser un
genio para saber que ambas verdades son muy distintas, basta con un
par de ejemplos: ¿cuántos acusados absueltos de cualquier tipo de delito
eran en realidad culpables? Según las estadísticas judiciales, ninguno.
¿Quién fue Al Capone? Consultamos de nuevo los documentos judiciales y fue un
ciudadano que evadió impuestos, nada más. ¿Es ésta la verdad?
AYUDAR DE VERDAD A LAS VÍCTIMAS
Para colmo de males, los casos de violencia no han disminuido tras la
aplicación de la norma lo mismo que las dolencias de las niñas de
Salem no remitieron tras encarcelar y ajusticiar a las “brujas”.
Y ya hay quienes demandan mayor dotación presupuestaria para
erradicar el mal. Sin embargo, ayudar a las víctimas implica
conceder nuestra simpatía y apoyo incondicional, afirmar con
contundencia que hombres y mujeres somos iguales ante la ley,
ciudadanos con los mismos derechos, y ser consecuentes con estos
principios. No promulgar leyes injustas, fomentar el odio entre
colectivos o criminalizar a la mitad de la población para obtener
réditos políticos.
No hay un sexo bueno y otro malo: la bondad y la maldad, lo mismo que
el buen juicio y la estupidez, están repartidos de forma muy
equitativa entre hombres y mujeres. Atreverse a criticar, romper el
tabú, denunciar la injusta ley de violencia de género y a los
manipuladores de la opinión pública es la única vía para que la
razón triunfe sobre el oscurantismo, para que la libertad de
pensamiento prevalezca sobre las consignas.
Es necesario evitar que esto se repita. Quienes desataron la caza de
brujas, todos aquellos que colaboraron con ella, quienes promulgaron
leyes injustas y aberrantes causando ingentes cantidades de
sufrimiento y malestar social, quienes se aprovecharon y lucraron …
no pueden quedar impunes. Deben ser denunciados, procesados y
condenados por el abuso cometido contra la sociedad.
(Fuente:
https://benegasyblanco.com/;
visto en Cazadebunkers.com)
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