Cada nueva etapa en la digitalización erosiona nuestras libertades un poco más

DIGITALIZACIÓN FORZADA             

CONTROL MASIVO, CAOS Y FILTRACIÓN DE DATOS

El discurso oficial sobre la transición digital promete eficiencia, modernidad y seguridad. Sin embargo, en la práctica, esta promesa parece más un eslogan desconectado de la realidad, o incluso una fachada que oculta graves y profundas deficiencias. Aun así, las decisiones políticas consisten en acelerar aún más la centralización de datos, interconectar sistemas y hacer indispensable la tecnología digital. En otras palabras, amplificar las posibles consecuencias de cada vulnerabilidad y ataque informático masivo. 

Y tras las promesas declaradas, emerge una lógica más preocupante: un impulso motivado por objetivos políticos en lugar de realidades técnicas. Se hacen anuncios, se implementan despliegues y, luego, las soluciones siempre llegan demasiado tarde. Esta inversión de prioridades, donde la comunicación prima sobre la seguridad, alimenta una legítima pérdida de confianza. Porque la seguridad no puede ser una estrategia de marketing. Debe ser un requisito indispensable.

El argumento de la eficiencia, ante todo, merece un análisis profundo. Se suponía que la digitalización simplificaría los trámites, reduciría las demoras y agilizaría la interacción con la administración. Sin embargo, en la práctica, solo ha trasladado la complejidad sin eliminarla, con la proliferación de plataformas, credenciales de acceso, procedimientos en línea poco transparentes y una dependencia de sistemas que con demasiada frecuencia no están disponibles o están sobrecargados. El usuario se convierte en operador, obligado a navegar por interfaces técnicas sin el soporte adecuado. Esto no es simplificación; es una transferencia de la carga del servicio público al ciudadano.

Además, la promesa de modernidad se basa en una ilusión cuidadosamente cultivada que equipara la innovación tecnológica con el progreso real. Digitalizar no es modernizar, sobre todo cuando los cimientos son tan frágiles. De hecho, todas las cifras apuntan a lo contrario de un sistema controlado: se registran filtraciones de datos constantes ante la CNIL (Comisión Nacional de Informática y Libertades), mientras que las intrusiones monitorizadas por la ANSSI (Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia) han aumentado en más de un 70 % en cinco años. Una «modernidad» que multiplica los puntos débiles sin garantizar la resiliencia no es progreso; es un debilitamiento, una traición y una grave amenaza para la ciudadanía.

Pero es principalmente en el ámbito de la seguridad donde la brecha se vuelve insostenible. Porque es precisamente aquí donde la promesa es más fuerte… y la realidad más débil. Decenas de millones de franceses han visto comprometidos sus datos en los últimos años: salud, empleo, identidad, datos bancarios, posesión de armas… ¡Todo se ve afectado! Y esta información dista mucho de ser inocua; permite el robo de identidad, el pirateo de cuentas, el chantaje, la creación de clones digitales y fraudes sofisticados. Y una vez expuestos, los datos ya no se pueden recuperar ni proteger, ¡porque los datos robados circulan indefinidamente!

Esta observación pone de relieve una forma de irresponsabilidad estructural prevalente entre los "Jóvenes Líderes Mundiales", adoctrinados por los programas del Foro Económico Mundial y el totalitarismo tecnocrático que se gesta para su cuarta revolución. Las autoridades no pueden ignorar estos riesgos, ya que están documentados, cuantificados y se repiten. Ignorarlos, autorizarlos y promoverlos, equivale a ser cómplice de los ciberdelincuentes. Y continuar en esta dirección a pesar de la acumulación de advertencias ya no es cuestión de error o miopía, sino claramente una decisión deliberada de priorizar una lógica de control totalitario y una organización centralizada tóxica a expensas de la seguridad real de los ciudadanos. 

Porque en esta etapa, ya no se trata simplemente de errores o retrasos, sino de una cadena de decisiones que favorecen objetivamente a los ciberdelincuentes. La centralización de datos, la proliferación de plataformas, la dependencia total de la tecnología digital y la falta de profesionalismo de los servicios y desarrolladores: todos estos factores se combinan para crear un entorno ideal para la explotación fraudulenta, y quienes diseñan e imponen este modelo se convierten en sus facilitadores. Esta disonancia ya no es solo un error político, sino un acto deliberado de riesgo.

Aquí existe no un problema de coherencia, sino una clara intención maliciosa. Se exige a los ciudadanos que adopten comportamientos digitales impecables —contraseñas complejas, autenticación de dos factores, vigilancia constante—, aunque las infraestructuras enteras no siempre cumplen con estos estándares básicos. Algunas filtraciones masivas de datos han revelado debilidades fundamentales, como la falta de autenticación de dos factores generalizada, cuentas comprometidas o un acceso insuficientemente restringido. La seguridad es tan fuerte como su eslabón más débil, y ese eslabón se encuentra precisamente en el corazón de los sistemas institucionales.

A pesar del aumento documentado de los ciberataques, la digitalización forzada no se está ralentizando, sino que se está acelerando. Un número creciente de trámites administrativos (impuestos, sanidad, empleo, identificación) se están volviendo difíciles, si no imposibles, sin el uso de interfaces digitales. Este cambio no está exento de consecuencias, ya que obliga a decenas de millones de ciudadanos a confiar sus datos más sensibles a sistemas cuya vulnerabilidad ha sido probada, demostrada repetidamente y cuantificada.

Esta limitación surge en un contexto donde los fallos ya no son marginales, sino sistémicos. Cuando se exponen decenas de millones de registros de salud, empleo o identidad, cuando las bases de datos públicas se ven comprometidas, ya no se trata de incidentes aislados, sino de una falla estructural de seguridad. Continuar expandiendo este modelo sin corregir sus debilidades es, como mínimo, un indicio de negligencia grave o, más probablemente, de mala fe.

Aquí es donde entra en juego el concepto de responsabilidad. Gobernar implica anticipar riesgos. Sin embargo, las señales de alerta se conocen desde hace años: el aumento exponencial de los costos del cibercrimen, la creciente sofisticación de los ataques, la circulación masiva de datos en mercados negros y el número cada vez mayor de vulnerabilidades de software. A pesar de ello, las decisiones políticas se centran en una mayor centralización, la interconexión de bases de datos y la multiplicación de los puntos de entrada; en otras palabras, en aumentar mecánicamente la superficie de ataque.

Existe, sobre todo, una dimensión aún más preocupante: la lógica del control. La digitalización completa no solo simplifica los procedimientos, sino que también permite el seguimiento, la agregación y la interrelación de datos a una escala sin precedentes. Cada identidad, cada transacción, cada interacción administrativa se vuelve potencialmente registrable, analizable y explotable. Incluso sin una intención maliciosa inicial, un sistema así crea inevitablemente un considerable desequilibrio de poder entre las instituciones y los ciudadanos.

Y es precisamente este desequilibrio lo que preocupa. Un sistema centralizado y vulnerable a la vez combina riesgos: por un lado, una mayor capacidad de vigilancia y, por otro, una exposición masiva a intrusiones criminales. Los ciudadanos se encuentran así atrapados entre dos amenazas: la explotación institucional de sus datos y su captura por parte de agentes malintencionados.

Nuestros líderes afirman representar la voluntad popular, pero en el ámbito digital actúan como si tuvieran un mandato implícito para transformar nuestras vidas sin debate alguno. Este cambio dista mucho de ser insignificante, ya que redefine el acceso a los derechos, condiciona la participación ciudadana y excluye de hecho a quienes carecen de las habilidades, los recursos o, simplemente, del deseo de acatar las normas. Hablan de innovación, pero en realidad lo que practican es la imposición silenciosa.

Esta transición se presenta a menudo como inevitable, como si cualquier disidencia proviniera del arcaísmo o la ignorancia. En realidad, este discurso enmascara una elección política tiránica, oculta tras la ilusión de priorizar la eficiencia administrativa y la lógica tecnocrática a expensas de las diversas necesidades de la ciudadanía. La tecnología digital se convierte entonces en un filtro obligatorio entre el individuo y el Estado, concentrando poder y datos sin ningún contrapeso democrático real. Al reducir constantemente el margen de elección, nuestros líderes no modernizan la sociedad, sino que la limitan, eludiendo precisamente aquello que deberían defender: la seguridad y la soberanía popular.

Nos vemos obligados a depender por completo de sistemas cuya vulnerabilidad se demuestra a diario, sin consulta pública alguna. Sin el consentimiento de la ciudadanía. Construimos una sociedad digital antes de saber cómo protegerla. Peor aún, esta transformación ni siquiera ha reducido los costes públicos. ¡Los ciudadanos, por lo tanto, pagan dos veces! Una por la degradación de los servicios y otra por las consecuencias de su inseguridad.

Porque las consecuencias son muy reales. Para 2025, más de un millón de cuentas bancarias habían sido comprometidas. El malware bancario, sobre todo en teléfonos inteligentes, aumentó un 50 % en un solo año. Los sitios web de comercio electrónico fraudulentos representan ahora el 48 % de los vectores de phishing financiero. El modelo es sencillo: obligarte a hacer todo en línea y, a continuación, permitir que proliferen las herramientas que permiten a los estafadores robarte.

Francia es ahora uno de los países más atacados del mundo, ocupando el cuarto lugar después de Estados Unidos, China y Alemania. ¿Por qué? Porque allí todo está digitalizado, centralizado y, por lo tanto, vulnerable a los ataques. Aproximadamente el 80% de los datos personales de los franceses ya circulan en el mercado negro. En otras palabras, la identidad digital del país está fácilmente disponible en la web oscura.

El absurdo alcanza su punto álgido con ciertas iniciativas europeas. Una aplicación de verificación de edad, diseñada para brindar protección, resultó vulnerable a los ataques informáticos en cuestión de minutos. La lógica se invierte: las herramientas de control se implementan antes incluso de dominar su seguridad. La cibervigilancia avanza más rápido que la ciberseguridad. 

En este contexto, plantearse la posibilidad de un euro digital es una auténtica locura. Confiar todas las transacciones, identidades e historiales financieros a infraestructuras ya de por sí vulnerables crea un blanco perfecto. Hoy, un hacker puede robar credenciales. Mañana, podría acceder a carteras completas, rastrear el comportamiento y manipular transacciones. La centralización multiplica los riesgos en lugar de reducirlos.

Esto no es un escenario hipotético. Ya existen precedentes: nuestros datos bancarios son exfiltrados, nuestras cuentas pirateadas y nuestras identidades robadas. Cada filtración añade un ladrillo más a un ecosistema criminal cada vez más industrializado. Y ante esto, las respuestas siguen siendo fragmentarias, tardías y sistemáticamente ineficaces. Incluso los expertos reconocen que ninguna organización está realmente a la altura de las circunstancias. Esta brecha entre la conciencia del riesgo y las decisiones tomadas plantea una pregunta legítima: ¿se trata de incompetencia, negligencia, una forma de escapismo tecnocrático o un deseo malicioso de exponer a todos los ciudadanos a una prisión digital?

Porque los hechos son innegables. Nos imponen un mundo totalmente digital sin poder garantizar la más mínima seguridad. Prometen simplificación, pero complican los procesos. Anuncian seguridad mientras nos exponen aún más. Hablan de modernización mientras su infraestructura está plagada de vulnerabilidades.

Los ejemplos recientes son abrumadores. Millones de franceses se han visto afectados por el hackeo de plataformas públicas: documentos confidenciales, empleo, sanidad, educación, posesión de armas... ¡Todo ha sido hackeado! La filtración de Viamedis/Almerys expuso los datos de 33 millones de personas. La filtración de France Travail expuso hasta 43 millones. El sector sanitario no se libra: hasta 15 millones de archivos en Cegedim, que contienen información extremadamente sensible. Incluso los menores se ven afectados, con más de 1,5 millones de estudiantes expuestos a través de la UNSS (Unión Nacional Deportes Escolares).

El propio Estado es incapaz de proteger sus sistemas, con numerosas intrusiones en los servicios digitales interministeriales, ataques informáticos masivos a bases de datos relacionadas con prestaciones sociales y filtraciones de  datos de funcionarios públicos,   supuestamente protegidos por los ingresos fiscales. Y este es el mismo Estado que afirma estar centralizando aún más la información mediante sistemas de identidad digital y verificación generalizada.

El resultado es evidente: un sistema digital impuesto, costoso, vulnerable y cada vez más peligroso que amenaza tanto nuestras libertades como nuestros datos personales. Sin embargo, los ciudadanos siguen obligados a confiar en infraestructuras que fallan constantemente en su protección. Y, por cierto, lo hacen sin quejarse jamás. Mientras tanto, sus datos ya están circulando en manos de grupos criminales.

Rechazar la identificación digital obligatoria y una moneda totalmente digital no es rechazar el progreso, sino la excesiva concentración de poder. Cuando cada acto cotidiano (pagar, desplazarse, acceder a servicios) depende de un sistema centralizado, rastreable y potencialmente controlable, pasamos de un espacio de libertad cada vez más restringido a un espacio de permisos condicionales. En resumen, entramos en un sistema penitenciario… 

La historia nos demuestra que las herramientas diseñadas para la eficiencia pueden convertirse fácilmente en instrumentos de vigilancia si no cuentan con salvaguardias sólidas, transparentes y verdaderamente aplicables. Una sociedad libre se basa en la capacidad de actuar sin ser constantemente observados, perfilados o condicionados.

Sin embargo, todos saben cómo funciona la Unión Europea y su élite, que actúa como una mafia.

Por lo tanto, las monedas digitales centralizadas y los sistemas de identificación generalizados plantean un problema democrático fundamental, ya que transfieren el poder de decisión a estructuras tecnocráticas alejadas de cualquier control ciudadano directo. Sin salvaguardias estrictas, pueden permitir la restricción automatizada de derechos, como el bloqueo de cuentas, la limitación de transacciones, el filtrado de accesos, la invisibilización de personas y su castigo, sin debate ni posibilidad de recurso efectivo. 

Rechazar estos sistemas tal como están planteados no significa rechazar toda innovación, sino exigir sistemas que respeten la privacidad, la pluralidad de opciones y el equilibrio de poder, en lugar de crear infraestructuras que puedan confinar a las personas dentro de marcos rígidos y opacos.

En última instancia, su discurso oficial solo se sostiene mientras no se confronte con los hechos. Su dudosa eficacia, su falsa modernidad, el control absoluto sobre los individuos y la seguridad deficiente son solo algunas de las discrepancias entre la promesa y la realidad. Su ataque a nuestras libertades ya no es marginal, sino sistémico. Y mientras persista esta brecha, cada nueva etapa en la digitalización de nuestras vidas erosiona nuestras libertades un poco más. Continuar digitalizando todo, incluso la moneda, equivale a convertir a cada ciudadano en un objetivo permanente en este circo dictatorial.

Phil BROQ

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