CUANDO LA JUSTICIA HABLA
La sentencia del
tribunal de justicia de la Unión Europea como revulsivo contra la
persecución de médicos por la verdad, por Natalia Prego
Dedicado a todos los médicos que, por fidelidad al juramento
hipocrático, fuimos perseguidos, censurados o sancionados por atrevernos a
ejercer el principio de prudencia. A quienes pusimos la ética por encima del
mandato burocrático y pagamos el precio de nuestra integridad.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE que podría revertir las sanciones y los expedientes sancionadores contra los médicos que cuestionábamos ha caído como una bomba en el tablero de juego, sacudiendo los cimientos de una narrativa que se creyó inquebrantable.
La justicia desarma a los colegios médicos, dejando al descubierto el atropello cometido contra aquellos profesionales que, en el ejercicio de nuestro criterio, nos negamos a seguir órdenes ciegamente. No era obligatorio, sentencia ahora el Tribunal, y con ello los médicos perseguidos por alertar sobre trombosis y miocarditis encontramos, por primera vez, una grieta en la presunta fortaleza de aquellos que nos expedientaban.Pero la batalla no ha terminado. ¿Quién responderá por la caza de brujas
contra los médicos que advertimos sobre los efectos adversos? ¿Cómo
explicarán ahora las sanciones los mismos colegios que pretendían
inhabilitarnos, o que expulsaron, nos ridiculizaron en los medios y nos
condenaban al ostracismo? Silenciados por prudentes, los Médicos por la Verdad
hemos encontrado una inesperada coincidencia en la justicia europea, un
respaldo que podría desmontar pieza a pieza el relato oficial.
Los colegios médicos
están en la encrucijada: reconocer que erraron o insistir en un castigo
que ahora parece insostenible. Médicos
por la Verdad vs. el dogma oficial, una confrontación que hasta ayer
parecía perdida, pero que hoy puede dar un giro inesperado. Y mientras la
evidencia avanza, del escarnio a
la reivindicación, una pregunta persiste en el aire: cuando la verdad finalmente se imponga,
¿quién responderá por los médicos que fuimos castigados por decirla demasiado
pronto?
I. El silencio implacable y el grito de los expedientados
En noviembre de 2021, cuando la narrativa oficial de la
pandemia se reforzaba con amenazas de sanciones y censura, me atreví a hablar.
“Se dan múltiples fenómenos trombóticos”, afirmé, levantando una tormenta de
reacciones inmediatas. Poco después, el Colegio de Médicos abrió un expediente
sancionador en mi contra, advirtiendo que mis declaraciones ponían en peligro
la estrategia sanitaria.
Lo que entonces era una afirmación condenada al ostracismo,
hoy encuentra un inesperado aliado en el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE). La sentencia C-586/23 publicada el 30 de enero de 2025, que
desestimó el recurso de Giovanni Frajese contra la comercialización de las
vacunas covid, se ha convertido en una paradoja legal: por un lado, parece
validar la posición oficial de la EMA, pero también proporciona un arsenal
argumentativo para aquellos que fuimos perseguidos por negarnos a recomendar la
vacunación generalizada indiscriminada.
II. La Sentencia que cambia el tablero
El fallo del TJUE, aunque desfavorable para Frajese,
contiene afirmaciones que socavan las bases de las sanciones impuestas a
médicos críticos. En un giro inesperado, la propia justicia europea reconoce
que las autorizaciones de
comercialización de las vacunas no imponen ninguna obligación directa sobre los
médicos. Así lo deja claro el Tribunal: “Las decisiones impugnadas no crean ninguna obligación para los médicos
de prescribir y administrar estas vacunas a sus pacientes”.
¿Cómo justificar, entonces, los expedientes sancionadores
contra quienes optamos por la prudencia? Si la propia justicia europea deja en
claro que no existía una imposición legal para recomendar la vacunación, el
Colegio de Médicos no tenía base para sancionarme, ni tampoco a los integrantes
de Médicos por la Verdad. La premisa sobre la que se edificó la persecución se
tambalea: si no hubo obligación, no pudo haber incumplimiento.
III. La prudencia no es herejía
El Juramento Hipocrático y el principio de precaución
Desde Hipócrates, el médico tiene un mandato ineludible:
«Primero, no hacer daño» (“Primum Non Nocere”). Este principio fundamental
exige que, ante la incertidumbre, el médico opte por la prudencia y el análisis
detallado.
Cuando las vacunas de ARNm contra la COVID-19 fueron
autorizadas bajo condiciones excepcionales, la comunidad científica se
enfrentaba a una paradoja: una solución de la que no se disponía de datos
suficientes sobre sus posibles efectos a medio y largo plazo.
Las vacunas contaban con la aprobación de la EMA, dice el
tribunal, pero este razonamiento ignora la realidad de cómo se impuso la
vacunación en la práctica. A pesar de la ausencia de una obligación formal, la
presión mediática, institucional y social generó un clima en el que disentir se
convirtió en un acto de rebeldía con consecuencias profesionales y
personales.
El razonamiento del tribunal ignora la posición única del
médico en la cadena de decisiones sanitarias: por un lado, no somos los
responsables de autorizar fármacos, pero sí son quienes las prescriben (que no
ha sido mi caso) y deben responder por sus efectos ante sus pacientes.
El TJUE afirma: “Los médicos no estaban obligados a
vacunar”; En la práctica, la presión institucional y la amenaza de
sanciones transformaron la recomendación en un mandato de facto. Muchos
profesionales fuimos suspendidos o apartados de sus funciones por manifestar
dudas sobre la seguridad de las vacunas.
“Las vacunas fueron autorizadas por la EMA y, por tanto,
seguras”; La autorización de emergencia implica que los datos sobre efectos a
medio y largo plazo aún no estaban disponibles en el momento de su
implementación masiva. Un médico que advierte sobre esto no está desinformando,
sino aplicando el principio de precaución.
En mi expediente también me acusaba de afirmar que “La vacunación contra la COVID-19 produce
miocarditis frecuente”, y uno de los cargos contra mí era según ellos
que lo hiciera «sin demostración científica». Sin embargo, el TJUE aclara en su
fallo que “ninguna disposición de
las decisiones impugnadas y de sus anexos confiere a los médicos dispuestos a
administrar las vacunas en cuestión la responsabilidad, o incluso la obligación
de realizar una verificación de su seguridad y eficacia”. En otras
palabras, el propio tribunal reconoce que la seguridad de las vacunas no era un
dogma incuestionable, sino un proceso de evaluación en constante desarrollo.
Sin embargo, fui acusada de “desinformar” porque hablé de trombosis y
miocarditis. Fui perseguida. Hoy, la ciencia me respalda incluso en los
prospectos de las llamadas «vacunas» covid constan expresamente estos efectos
adversos.
Lo que dijeron que era “bulo” ahora es ciencia: La
miocarditis posvacunal está reconocida.
Si el TJUE admite que los médicos no teníamos obligación de
validar la seguridad absoluta de las vacunas; Por lo tanto, tenía derecho a
expresar mis dudas, y mi postura se alineaba con el principio básico de la
medicina: actuar con precaución ante la incertidumbre. Y la incertidumbre
existía.
IV. La tormenta no ha terminado
Pese a lo que ha dictaminado el TJUE, las sanciones contra
algunos Médicos por la Verdad críticos no han sido revocadas. La sentencia,
aunque poderosa, necesita ser utilizada como un revulsivo legal. Ahora es el
momento de que los expedientados lleven estos argumentos ante los tribunales
nacionales, exigiendo la anulación de las sanciones impuestas.
Pero, ¿qué harán los colegios de médicos ante esta nueva
situación? ¿Admitirán que castigaron injustamente a médicos profesionales por
ejercer su derecho a la duda? ¿O doblarán la apuesta en un intento de
justificar lo injustificable? La historia no ha terminado, pero una cosa es
segura: la justicia ha hablado, y su eco repercute con fuerza en defensa de
aquellos que nunca debimos ser silenciados.
Este artículo es una llamada a la acción para que la verdad
no sea enterrada bajo expedientes disciplinarios. Yo misma y los Médicos por la
Verdad enfrentamos la tormenta en solitario, pero ahora contamos con un nuevo
partidario: la jurisprudencia europea. La pregunta ya no es si se hizo
justicia, sino cómo se utilizará esta sentencia para restablecer el honor de
aquellos que os negamos a traicionar nuestra libertad de conciencia. Y esa
respuesta, como siempre, dependerá del coraje de quienes se atrevan a desafiar
el relato oficial.
Este artículo está dedicado al Dr. Ángel Ruiz-Valdepeñas, al
Dr. Luis de Benito, al Dr. Juanjo Martínez, al Dr. Koldo Aso, a la Dra. Nadiya
Popel, a la Dra. Chinda Brandolino, la Dra. Roxana Bruno, el Doctor Heiko
Schöning, el Dr. Mikael Nordfors (RIP), al Dr. Ryan Cole, el Dr. Bodo
Schiffman, el Dr. Martin Hadtisch, al Dr. Sammy Javier Mancilla Cabeza
(tristemente asesinado a balazos en 2022), Dra. Natalia Prego y a todos los
Médicos por la Verdad que en todo el mundo, por no claudicar ante la presión
institucional, han sido perseguidos, sancionados o apartados de su vocación; médicos
que, al priorizar la ética y el bienestar de sus pacientes, fueron injustamente
perseguidos y sancionados.
Que su ejemplo inspire a futuras generaciones a valorar la
integridad en la práctica médica.
Que la historia haga justicia donde las instituciones han
fallado.
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