EL TRUCO GLOBALISTA Y LA BANDERA ARCOÍRIS
Ese es el poderoso mensaje de Lisa Miron, también conocida como LawyerLisa, en su libro de 2025 World On Mute. La obra está repleta de ejemplos referenciados de las formas en que se nos está arrebatando el derecho a la libertad de expresión.
Algunos de los peores ejemplos vienen de Alemania, donde, como escribe el bloguero Bhaskar Kamble, los músicos aficionados como él incluso sienten la necesidad de censurar ciertas palabras en las letras de sus canciones, por si acaso hacen que la Policía del Pensamiento llame a la puerta.
Miron relata el caso de Beate Bahner, una abogada
alemana que, en los primeros días del Covid, lanzó una campaña contra los
confinamientos.
El 8 de abril de 2020, Bahner presentó una solicitud urgente
ante el Tribunal Constitucional alemán sobre la ilegalidad de las medidas
adoptadas en los 16 estados federados alemanes para hacer frente al
coronavirus.
No sólo el tribunal se negó a escuchar su caso, sino que
Bahner notó que un automóvil pasaba repetidamente frente a su casa y se sintió
amenazada. Cuando llamó a la policía para pedir protección, ésta apareció “y
arrestó a la Sra. Bahner por la fuerza y la internó en una clínica
psiquiátrica.
La arrojaron al suelo al menos dos veces, golpeándose la
cabeza contra el piso de piedra de la instalación desde una altura de un metro.
A Bahner le negaron asistencia jurídica y le obligaron a pasar la noche en el
suelo, sin inodoro ni lavabo.
En un mensaje a su hermana, escribió: «Llevo 20 horas
retenida aquí. Si la gente no despierta de una vez, esto se convertirá en el
peor régimen de terror de la historia... Estamos siendo tiranizados por fuerzas
del mal».
Otro escándalo alemán fue el trato dispensado a Reiner
Fuellmich, del Comité de Investigación del Coronavirus en Berlín, quien reveló,
entre otras cosas, que las pruebas PCR para Covid producían un 95% de falsos
positivos.
Miron afirma que Fuellmich y sus colegas “indicaron que esta
generación de falsos positivos sugería malas acciones intencionales por parte
de los gobiernos nacionales de todo el mundo. Concluyeron además que estos
gobiernos actuaban en nombre de los globalistas a través de una red de
corporaciones multinacionales, ONG y otras entidades.
Fuellmich afirmó: “Cada vez más científicos, pero también
abogados, reconocen que, como resultado del pánico deliberado y las medidas
contra el coronavirus posibilitadas por este pánico, la democracia corre un
gran peligro de ser reemplazada por modelos totalitarios fascistas”.
Advirtió que se estaban cometiendo crímenes de lesa
humanidad e inició una demanda colectiva, y luego, en 2023, fue secuestrado en
México y encerrado en Alemania por presunto “malversación de fondos”, y hoy
sigue encarcelado.
Documentos filtrados han revelado que fue el objetivo de una
compleja campaña llevada a cabo por agentes de inteligencia del estado alemán.
Mientras tanto, en el Reino Unido, dice Miron, “se
reformularon las ramas del contraterrorismo para perseguir a los ciudadanos por
sus expresiones de disenso respecto de la narrativa oficial forzada.
Por lo tanto, la libertad de expresión en el Reino Unido fue
eliminada; dejó de ser un derecho. La libertad de expresión y las opiniones
fueron recategorizadas como extremismo, mientras que el derecho a la disidencia
fue eliminado.
De un plumazo, al alterar lo que constituye expresión
permitida, las autoridades del Reino Unido alteraron fundamentalmente el tipo
de sociedad en la que vivían sus ciudadanos. De hecho, el control de la
libertad de expresión se convirtió en el vehículo de los tiranos.
La Inquisición del Covid, dice Miron, se libró contra
cualquiera que publicara lo que se denominó “desinformación peligrosa, sin base
científica”, “teorías conspirativas no científicas e infundadas sobre
el covid-19” o “difundiera la reticencia a vacunarse”.
“El clima de miedo y los mecanismos de silencio no
fomentaron ni la verdad ni la salud social”.
Ella dice que las técnicas utilizadas eran similares a la
“victimización en etapa temprana” en un campo de prisioneros de guerra.
Estas suelen incluir aislamiento, humillación y
vergüenza, acusación y culpa, amenazas y ataques impredecibles.
No había visto discriminación por raza o credo que afectara
la posibilidad de viajar, comprar, entrar en establecimientos legales o incluso
trabajar. Vi la deshumanización y me pareció muy alarmante.
Lo que también fue alarmante sobre el COVID fue, por
supuesto, la sumisión y colaboración generalizadas del público, la “deferencia
a la autoridad”.
Cuando grandes grupos de personas se rebelaron, como en el
caso de la protesta de los camioneros canadienses en el país natal de Miron,
las autoridades actuaron con un escalofriante desprecio por los derechos
legales.
Recuerda: «No hubo acusación, juicio, abogado, juez ni
sentencia para los culpables antes de la confiscación de las cuentas bancarias.
Esto es más que un delito público; es la operación de una gran tiranía».
Fuimos testigos de la inversión de lo que
la mayoría de nosotros entendemos como correcto e incorrecto: cuando el poder
designa su actividad malvada como “legal”, oponerse a ella se convierte en un
“crimen”.
Miron cita el caso, también en Canadá, de la detective de
policía de Ottawa Helen Grus, quien se preocupó por la muerte repentina de
varios bebés, sospechó de un vínculo con las vacunas contra el COVID-19 y “le
preocupaba que la no divulgación de eventos adversos pudiera ser un delito”.
Esta iniciativa de espíritu público la llevó a ser acusada
de “conducta deshonrosa” según la Ley de Servicios Policiales de Ontario porque
sus investigaciones no estaban “autorizadas”.
El alcance de la colaboración institucional en esta
represión quedó evidenciado por el hecho de que el sindicato de Grus, la
Asociación de Policía de Ottawa, se negó a proporcionar apoyo financiero para
montar su defensa.
Miron señala: “Esto contradice la práctica anterior del
sindicato de ofrecer asistencia jurídica a los policías, ¡incluso a aquellos
acusados de delitos violentos!”
Se demostró que Grus había sido amenaza por la
“Unidad de Normas Profesionales”, lo que llevó a la renuncia de la inspectora
de policía involucrada, pero aún así fue declarada culpable del terrible
“delito” de investigar muertes de niños.
“Esto en sí mismo es un delito”, juzga Miron. “¿Acaso
nuestros gobiernos otorgaron licencias para matar, crearon la infraestructura
para hacerlo y luego continuaron con una infraestructura para eliminar a
quienes se interponían en su camino?”
Miron advierte que se está logrando “una nueva forma de
control cruel” en la forma de esta “toma de poder que se esconde bajo el tedio
superficial del ‘cumplimiento profesional’, el último lugar donde alguien
buscaría un golpe de estado transnacional”.
Miron también cita la declaración emitida por la Federación
de Juntas Médicas Estatales de Estados Unidos el 28 de julio de 2021, que
amenaza con tomar medidas disciplinarias contra los médicos que no sigan
obedientemente la línea oficial sobre el Covid.
Declara que los médicos “tienen la responsabilidad ética y
profesional de ejercer la medicina en el mejor interés de sus pacientes y deben
compartir información objetiva, con base científica y basada en el consenso
para el mejoramiento de la salud pública”.
“Impulsado por el consenso” significa no pensar por uno
mismo.
Advierte: “Difundir información inexacta sobre la vacuna
contra el COVID-19 contradice esa responsabilidad, amenaza con erosionar
aún más la confianza pública en la profesión médica y pone en riesgo a todos
los pacientes”.
Políticas y textos similares se implementaron en todas
partes: Miron cita los casos de una enfermera canadiense acusada de
"desinformación" por oponerse a las órdenes de vacunación en redes
sociales, un médico que fue blanco del Consejo Médico de Nueva Zelanda
simplemente por hablar de su propia reacción adversa personal a una inyección,
y otros tres médicos neozelandeses, a quienes se les suspendieron sus
certificados de práctica mientras eran investigados por difundir
"desinformación" sobre la COVID-19.
También escribe sobre el tratamiento dispensado al Dr.
Didier Raoult en Francia (por “información falsa”), y comenta que su organismo
profesional actuaba efectivamente como “una extensión del complejo
biomédico-farmacéutico en lugar de un organismo que actuara de acuerdo con los
mejores intereses de la profesión o los del público en general”.
La Autoridad se declaraba automáticamente en lo cierto, por
el solo hecho de ser Autoridad, y exigía total obediencia a una “verdad”
oficial que no era más que una mentira cínica.
Así, la Agencia Australiana de Regulación de Profesionales
de la Salud concluyó que la opinión del Dr. William Bay de que las vacunas eran
“el crimen del siglo” nunca debió haberse expresado porque contradecía “la
postura de los gobiernos locales, estatales y federales y de las autoridades
sanitarias, que están en funciones para proteger la salud y la seguridad
públicas”.
No es sólo el ámbito médico el que se ha visto afectado por
este autoritarismo y, en World On Mute, Miron llama la atención
sobre los graves efectos en su propia profesión, cuyos organismos buscaron
excluir a los abogados disidentes.
Comenta: «Imaginen un sistema judicial donde el precio por
presentar argumentos, redactar alegaciones y presentar alegatos sea la
inhabilitación. Este podría ser uno de los usos más escalofriantes de los
organismos reguladores…»
Una vez que se eliminen a todos los abogados con el coraje
de presentar casos, los betas restantes se quedarán en su puesto. Sin un
disparo, la democracia se desvanece.
Incluso los jueces han sido objeto de persecución como parte
de esta negación de la ley vigente. Miron habla de un juez de familia alemán
que, en abril de 2021, dictaminó que las medidas contra COVID-19 eran
inconstitucionales y no aplicables en dos escuelas.
En lugar de simplemente apelar la decisión, las autoridades
alemanas lo procesaron por “mala conducta judicial” y le dieron una
pena de prisión suspendida.
Muchos de nosotros notamos las obvias similitudes entre el
celo con el que se penalizaba el pensamiento erróneo sobre el COVID y la
forma en que se impone el cumplimiento de la agenda “woke”.
Miron incluso señala la interseccionalidad entre los dos
ataques a nuestra libertad de expresión, con un “razonamiento” de estilo woke
utilizado para justificar medidas draconianas contra el Covid.
Irónicamente, este caso involucra a un grupo de abogados
estadounidenses supuestamente comprometido a defender los derechos civiles.
En junio de 2022, el Comité de Abogados por los Derechos
Civiles bajo la Ley escribió a los funcionarios del gobierno de
Estados Unidos diciendo que tenían serias preocupaciones sobre las nuevas
pautas que permitían a las personas vacunadas dejar de usar mascarillas.
Su argumento era que esto perjudicaría a los “trabajadores
de primera línea negros, indígenas, latinos y asiáticos” y “inevitablemente
expondría a estos trabajadores a un mayor riesgo de contraer COVID-19”.
Con el pretexto de minimizar las “disparidades raciales en
materia de salud”, también se quejaron de que se permitía a la gente entrar a
las tiendas sin mascarilla y sin haber demostrado su estado de “vacunación”.
Miron destaca las nuevas leyes del Reino Unido contra los
memes u otras publicaciones en redes sociales consideradas «discurso de odio» o
«incitación a la violencia», señalando que ambas son ideas muy subjetivas.
Añade: “Los delincuentes violentos suelen recibir penas
leves o sin prisión, mientras que los ciudadanos respetuosos de la ley pueden
ser encarcelados por compartir textos o imágenes que incitan a la reflexión”.
“Hace tiempo que creo que una vez que se enseña a la
población a ser políticamente correcta, entonces la conquista de la sociedad
puede completarse enseñándole a esa población que oponerse a su propia
conquista no es políticamente correcto”.
Miron señala que “nos están enseñando a ignorar nuestros
cinco sentidos y la lógica de nuestras mentes” y en ningún aspecto esto es más
cierto que en el tema “transgénero”.
Tengo experiencia personal en esa área de silenciamiento, ya
que me expulsaron de un colectivo de periodismo pseudoanarquista hace seis años
por atreverme a insistir (¡en una conversación privada!) en que las mujeres no
tienen pene.
Miron cuenta la historia del estudiante canadiense de
secundaria Josh Alexander, quien
“desafió la cultura de la clase sobre la 'identidad de género' al expresar su
sincera creencia de que Dios creó a los hombres y a las mujeres, y ningún otro
género”.
Esto fue marcado como una violación de la política
“anti-bullying” de la escuela católica y cuando él continuó refiriéndose a un
estudiante trans por su nombre de nacimiento, y sugirió que las niñas deberían
sentirse seguras en sus propios baños, los tiranos woke intervinieron a paso de
ganso.
A Alexander le entregaron una orden de suspensión, una orden
de expulsión seguida de una orden de allanamiento. La policía incluso lo
arrestó por intentar asistir a clase.
No solo se rechazó su solicitud de revisión judicial, sino
que, algo muy inusual, se le ordenó pagar las costas: su derecho a la libertad
de expresión había sido superado por la afirmación de que sus palabras habían
creado "un entorno inseguro" para otros.
Los mismos términos inquisitivos se emplean una y otra vez.
Miron señala: «El 'odio' es el nuevo terrorismo».
“Cuando los padres canadienses protestaron contra las
políticas de identidad de género en las escuelas en 2023, el primer ministro
Justin Trudeau condenó a los que marchaban por estar motivados por el
odio”.
Y añade: «Las leyes contra el discurso de odio parecen
aplicarse con más vigor que las violaciones en grupo en Alemania. Nueve hombres
y jóvenes violaron en grupo a una niña de 15 años en un parque de Hamburgo en
2020. Uno de los violadores fue llamado «violador deshonroso» y «bicho raro
repugnante» por una mujer, R. Maja.
“Ella fue encarcelada por su 'crimen' mientras que el
violador, menor de 20 años en ese momento, fue tratado como un menor y no
cumplió condena de prisión por participar en una horrible violación en grupo…
Según informes, en junio de 2024 las autoridades de Hamburgo estaban
investigando a unos 140 sospechosos más por insultar o amenazar a los
violadores en grupo”.
Como lo deja claro este caso, aunque la concienciación a
veces parece simplemente absurda o incluso divertida, es parte de una agenda
extremadamente oscura.
Miron explora la posibilidad de que la “orientación sexual”
protegida pueda cubrir a los abusadores de niños y especula sobre qué se
esconde exactamente detrás de la etiqueta “LGBTQIA+”, en constante expansión.
Estos “derechos” no tienen nada que ver con lo que la
mayoría de nosotros consideramos correcto y a menudo representan
exactamente lo opuesto, afirma.
Ella sugiere que los llamados infractores “de odio” que se
oponen a estas agendas son en realidad denunciantes que
alertan al público sobre un gran peligro, y es por eso que deben ser
silenciados.
Aunque se pueden mencionar temas
controvertidos, la opinión expresada sobre ellos sólo puede
ser la de las autoridades autoproclamadas, de lo contrario es un “crimen”, ¡una herejía!
Esto puede aplicarse incluso a los representantes electos,
como descubrió Lisa Robinson de la ciudad de Pickering en Ontario, cuando
presentó tres mociones (sin éxito) al consejo del que formaba parte.
Una tenía como objetivo impedir que el consejo ondeara
banderas de intereses especiales (como la del arco iris) en el asta oficial,
otra buscaba proteger a los niños de las “actuaciones en vivo de adultos” en
espectáculos de drag y desfiles del orgullo, y la tercera se oponía a los baños
compartidos “universales” en el complejo recreativo local.
Fue investigada por el “Comisionado de Ética”, cuyo mismo
título de trabajo tiene un tono totalitario, y “presuntamente promovió la
'homofobia y la transfobia', en contravención del Código Canadiense de Derechos
Humanos, el Código de Derechos Humanos de Ontario y el Código de Conducta del
Consejo de Pickering”.
El informe falló debidamente en su contra y llegó a la
notable conclusión adicional de que su discurso y sus mociones eran de carácter
antidemocrático, afirmando: “Este tipo de conducta y comportamiento puede tener
un efecto corrosivo sobre la democracia, permitiendo que las voces más fuertes
ahoguen a los marginados y vulnerables de la comunidad”.
La concejala fue suspendida durante 90 días sin goce de
sueldo por atreverse a desafiar la ortodoxia oficial en nombre de quienes la
habían elegido.
En general, dice Miron, “las organizaciones que regulan
diversas profesiones están reemplazando sistemáticamente las formas
tradicionales de gobernanza con nuevos sistemas que son completamente
antidemocráticos”.
“Cada vez más, se nos ha impuesto un concepto de discurso
aceptable, ya sea para nuestra propia ‘seguridad’ o para la ‘comodidad’ de los
demás”.
La justicia está siendo reemplazada por un sistema cerrado
de control en el que el sistema es el denunciante, el sistema toma la decisión
y el sistema ejecuta el castigo.
La tolerancia a que nuestro discurso sea cuidadosamente
controlado por organismos profesionales habría parecido absurda hace apenas
seis años. ¿Nos están machacando sistemáticamente para que toleremos un mayor
control?
Advierte que nos enfrentamos a “la reformulación del
discurso como algo 'propiedad' de quienes regulan el acceso al trabajo y a las
profesiones”. “Las organizaciones pueden privar a las personas de la iniciativa
para hacer cualquier cosa que no sea conformarse”.
“Sugiero que estas organizaciones subordinadas se están
vinculando internacionalmente para formar las bases de una nueva forma
transnacional de gobierno”.
Estamos presenciando “el desarrollo de la tiranía”, dice
Miron, y potencialmente nos dirigimos hacia un “sistema monolítico global que
no actúa en nuestro interés”.
No habrá ningún mecanismo para exigir cuentas al orden
global. Se erige como una dictadura, mientras se oculta quién ostenta el poder.
Nada de esto sería aceptable si se nos presentara
abiertamente. Sin embargo, se instala de forma sigilosa… reemplazando el
mercado de ideas con narrativas impuestas que nos atan al nuevo orden global.
“No existen accidentes ni coincidencias a esta escala; la
expansión hacia todos los límites debió de haber sido planeada desde hace mucho
tiempo”. “Estamos ante un silenciamiento global”.
La infraestructura física de este sistema global planificado
de control total sería inteligencia artificial, recolección de datos, CBDC y un
sistema de crédito social del tipo ya creado en China.
Éste es, yo añadiría, el sistema de “impacto” que no es nada
menos que esclavitud digital.
Miron continúa: “Los comités de expresión ampliarán su
alcance más allá de la versión del organismo profesional para abarcar a los
trabajadores autónomos, las pequeñas empresas autosuficientes, los
desempleados, los que reciben asistencia social y (eventualmente) aquellos que
se sustentan a través de la renta básica universal (RBU)”.
Enumera algunos de los poderes de emergencia que ya poseen
los gobiernos y explica que los tipos de expresión “no autorizados” ahora están
siendo replanteados como si presentaran, en sí mismos, una “emergencia” que
puede ser abordada legalmente por medios totalitarios.
“Todos los poderes de emergencia previstos para la radiación
nuclear, la guerra, las enfermedades y los desastres naturales, ahora pueden
utilizarse porque… ¡alguien habló!”. “Creo que la próxima iteración de esta entidad
monolítica será puro terror”.
Pero, ¿de dónde exactamente proviene este “ataque globalista
transnacional” –además de los globalistas transnacionales, por supuesto!
Señalando una “gran conspiración contra la humanidad”, Miron
declara: “Quién está detrás de la cortina no es el tema de este libro”.
Sin embargo, hay varias pistas en sus 400 páginas que
señalan al lector atento hacia la realidad no declarada.
Por ejemplo, revisó las cuentas del Comité de Abogados por
los Derechos Civiles Bajo la Ley, que, como supimos, quería restricciones duras
por el Covid para prevenir “disparidades raciales en la salud”.
Descubrió que en 2020 sus ganancias totales y otros apoyos
declarados ascendieron a $233,659,552. "¡Entrecerré los ojos varias veces
al mirar la cifra!"
Y descubrió que entre sus financiadores se encontraban la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller, ambas, según he demostrado, fachadas
de la entidad criminal secreta que llamo ZIM, la mafia imperialista
zio-satánica.
Una segunda pista sobre quién está detrás del totalitarismo
proviene de la evidente continuidad entre la censura del discurso woke y del
Covid detallada por Miron y el énfasis actual en silenciar toda crítica a
Israel y al sionismo bajo el pretexto débilmente transparente de “luchar contra
el antisemitismo”.
En el Reino Unido ha habido el mismo tipo de arrestos por
publicaciones en las redes sociales y los mismos ataques de “organismos
profesionales” contra antisionistas como el académico Dr. David Miller y
el Dr. Rahmeh Aladwan del NHS.
Sospecho que la implementación inicial post-Covid de
arrestos por "discurso de odio" contra críticos "de extrema
derecha" de la inmigración masiva tenía como objetivo acostumbrar a la
gente a la idea de que este tipo de cosas realmente podían suceder en
Gran Bretaña, persuadir a "la izquierda" a aplaudir porque se dirigía
a gente que no les gustaba y empujar a los partidarios de esas víctimas a
aplaudir el totalitarismo cuando se dirigía contra musulmanes como el Dr.
Aladwan, como si ahora se hubiera restaurado algún tipo de justicia.
Una tercera pista es la bandera del arcoíris que, cualquiera
que sea su significado original o aparente, “se ha convertido en el símbolo de
la autoridad globalista, el poder y la opresión omnipotente”.
Miron comenta: “No hay poste, palo, cruce de peatones ni
elemento arquitectónico que no pueda beneficiarse ahora de un arcoíris…
Negar el acceso a un arcoíris completo en cada kilómetro de
hormigón debe ser una violación de los códigos de derechos humanos. Y nada de
esto parece en absoluto autoritario ni aterrador.
El arcoíris también resulta ser el símbolo “no oficial” de
las Leyes Noájidas, supuestamente otorgadas por el dios judío a Noé, ya que un
arcoíris marcaba el final del Diluvio.
Y Lisa Miron sabe todo sobre ellos, ya que
formó parte del podcast Geopolitics & Empire que me impulsó a escribir sobre ese
tema y, de hecho, a leer su libro.
Las Leyes Noájidas pretenden hacer exactamente lo que ella
ha visto suceder en todas partes: reemplazarían las estructuras legales
existentes con una especie de ley marcial global racista en la que los no
judíos serían reducidos a un estatus de vasallos, prácticamente sin derechos.
Como dijo Miron en el programa: “Han elegido el Talmud
judío como base del derecho internacional… Es un régimen de supremacía que está
oculto”.
Obviamente, la amenaza que enfrenta el 99,8% de la población
mundial que sufrirá una dictadura global judeo-supremacista es grave y Miron
nos insta a tomar medidas urgentes.
¿Qué tienen que ver con que nuestras sociedades nos regulen?
Ninguna. Mientras nos arrodillemos y nos inclinemos ante la monstruosa
autoridad que se está formando, no podremos derribarla.
“A menos que despertemos pronto y protejamos la plaza
pública, pasaremos de una existencia basada en derechos a una distopía basada
en el permiso”.
Se ha dicho que el estado totalitario primero se forma,
luego se gira la llave. Veo que cualquier silencio adicional traerá un mal.
Los globalistas han mostrado sus cartas. Es hora de que
nosotros también las juguemos. El resultado de esta partida determinará el
futuro de nuestras democracias, nuestro estilo de vida y lo que les dejaremos a
nuestros hijos y nietos.
Estoy convencido de que esta censura que nos envuelve es un
medio sistemático para un fin aún más terrible. Por lo tanto, el precio de la
valentía ahora es infinitamente menor que el precio que pagaríamos más
adelante, cuando su plataforma de censura se afiance aún más.
Si las palabras son tan temidas, es porque pueden encender
el fuego de naciones enteras. ¡Queremos ser libres!
Paul Cudenec
https://www.verdadypaciencia.com/2026/02/el-truco-globalista-y-la-bandera-arcoiris.html
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